Kim Jeon-soo, abogado de Hanbyol Law LLC, explicó que el acto de abrir y transferir teléfonos móviles de prepago a cambio de dinero suele estar sujeto a responsabilidad penal, pero el hecho de que fuera un primer delito, no hubiera uso delictivo y se tomaran medidas como la rescisión y la suspensión inmediatamente después de reconocer la posibilidad de delito son factores importantes para reducir el nivel de sanción penal. En particular, subrayó que si estas medidas de seguimiento y el hecho de que no se causara ningún daño se resumen con datos objetivos y se prueban durante el proceso de investigación y juicio, hay margen para un resultado relativamente leve, como una multa o la suspensión del enjuiciamiento.

Aun reconociendo la estricta aplicabilidad de la Ley de Empresas de Telecomunicaciones, la postura de Kim es que la falta de intencionalidad y los rápidos esfuerzos por evitar daños por parte del sospechoso pueden servir de atenuantes. Por ello, recomendó una estrategia de recogida de pruebas como el momento de la baja o suspensión, el historial de llamadas con la empresa de telecomunicaciones, etc. en la fase de investigación, y aclarar la intención de reflexionar y evitar la reincidencia.